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La banca pide al Estado que avale la compra de vivienda para jóvenes

Desde su posición de director general en Engel & Völkers Barcelona, como expertos en el sector inmobiliario, Oriol Canal nos comparte un problema que viene siendo recurrente entre nuestra sociedad, especialmente en aquella población más joven a la hora de adquirir su primera vivienda. 


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La brecha existente entre los ahorros de la población joven y el presupuesto que se necesita para comprar una primera vivienda es cada vez mayor, lo que resulta un verdadero hándicap para poder acceder a una vivienda propia, ya que se necesita una capacidad de ahorro de un 31% del precio de la vivienda. Lo cierto, es que el perfil de los jóvenes que rondan los 30 años que no pueden adquirir una casa está muy lejos de ser una excepción, por lo que se trata de un grave problema prácticamente generalizado, aunque parece que por fin hay voluntad política para solventarlo con medidas más eficientes.


El principal escollo con el que se encuentran los jóvenes que quieren adquirir una vivienda es que se requiere aportar una buena parte del capital. Es decir, una entrada inasumible por la mayoría. En términos generales, los bancos conceden hipotecas hasta el 80% del valor del inmueble, y en raros casos pasan de ese porcentaje para minimizar los riesgos. No obstante, un alto porcentaje de jóvenes sí que cumple con el criterio de cuota hipotecaria (el importe de la cuota no representa más de un 35% de la suma de los salarios).


La propuesta de avalar la entrada de la hipoteca a los jóvenes sobre la mesa del Gobierno

El gobierno y la banca trabajan en un plan que incentive la compra de la primera vivienda por parte de los jóvenes. En este sentido, ha sido la Comunidad de Madrid la primera en adoptar un programa enfocado en el acceso a la primera vivienda, el cual fue anunciado en el último Debate del Estado de la Región. La comunidad madrileña se comprometió a destinar 12 millones de euros para avalar un mínimo de 5.000 hipotecas de jóvenes de hasta 35 años empadronados en Madrid y con la suficiente solvencia económica, pero que carezcan del ahorro suficiente para tener acceso a un crédito hipotecario.


En el caso de las medidas estatales que se barajan, la idea inicial coincide con el compromiso adoptado por la Comunidad de Madrid, es decir, el acceso a la compra de una casa por parte de jóvenes menores de 35 años. Uno de los principales impulsores es la presidenta del Banco Santander Ana Botín, que aspira a que las entidades bancarias puedan conceder hasta el 95% del valor del inmueble para la tramitación de una hipoteca. La fórmula propuesta se basa en establecer garantías públicas del ICO (Instituto de Crédito Oficial), avalando hasta el 20% de los créditos hipotecarios. De ese modo, se divide el riesgo y se facilita el acceso a la vivienda entre los jóvenes.


En realidad, no es una medida novedosa, puesto que desde hace años se lleva a cabo en Reino Unido bajo la denominación "Help to Buy"; y en nuestro país, los promotores han planteado en muchas ocasiones la implantación de este tipo de propuestas que estimulan el sector residencial. De hecho, el sector financiero calcula que con esta iniciativa se favorecería a medio millón de hogares y se crearían en torno a 1,7 millones de empleos.


Beneficiaría a un amplio sector con problemas de acceso a la vivienda y se crearían nuevos puestos de trabajo

El tipo de vivienda sobre el que trabajaría el gobierno son viviendas con superficies entre 80 y 90 metros cuadrados, 2 o 3 habitaciones y un valor entre 150.000 y 400.000 euros, ya sea un inmueble de nueva construcción o de segunda mano. Además, este estímulo no iría destinado a las familias más privilegiadas que no tienen que enfrentarse a este problema habitacional, ni se aplicaría en viviendas de alto standing.


Inicialmente, esta medida para fomentar la compra de una vivienda en jóvenes menores de 35 años no supondría ningún coste para la administración, ya que esta solo actuaría como avalista de un porcentaje de la vivienda. Además, como ya apuntó Ana Botín, gracias a la medida se construirían un número nada desdeñable de viviendas, por lo que también se crearían numerosos puestos de trabajo. Por lo tanto, también se salvarían muchos autónomos y PYMES ligadas al sector de forma directa o indirecta, algo que en tiempos de recesión debido a  la COVID-19 resulta sumamente beneficioso para la economía.


En definitiva, todo parece indicar que esta iniciativa se ajusta en gran medida a las necesidades de los jóvenes, apostando por incrementar la oferta de la vivienda y facilitando su acceso a la misma. Al contrario del coste elevado que tiene que afrontar el gobierno para la construcción de viviendas de protección oficial, con esta iniciativa en materia de vivienda, la Administración pública solo tendría que abonar los posibles impagos (mínimos, puesto que hablamos de concesiones a jóvenes con la suficiente solvencia económica y sólo en en caso que el impago se produjera antes de amortizar el importe avalado). Además, en el caso de las VPO, cuando se producen impagos, la venta en subasta no permite recuperar el importe prestado. Esperamos, por tanto, que el gobierno se siente con los sectores implicados (bancos, promotores, agentes inmobiliarios...) para analizar las posibles soluciones a un problema que va más allá del sector inmobiliario y que influye en la creación de nuevos hogares y puestos de trabajo.


Personalmente, creo que todo ello ayudaría a reactivar el mercado hipotecario, y con ello, buena parte del inmobiliario, en época de COVID-19. Desde el sector vemos que hay voluntad y buena intención para empezar a tratar el tema, y ese es un gran primer paso.

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