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Incentivos para las viviendas eficientes

Vivimos en tiempos de clara y evidente preocupación por la eficiencia energética, frente a los costes cada vez más crecientes de la energía y un sistema complicado que no parece dispuesto a anunciar mejores perspectivas. Esta eficiencia energética sigue siendo uno de los principales problemas pendiente de resolución por parte del sector inmobiliario nacional.

No es solo una impresión, ya que datos existen al respecto. Por ejemplo, la AECTIR (Agencia España Certificada en Termografía Infrarroja), expertos en peritaciones y tasaciones en la materia, considera que son casi dos millones el número de viviendas que han quedado absolutamente obsoletas desde el punto de vista de eficiencia energética. Eso conlleva sus lógicos incrementos de consumo de electricidad y gastos en calefacción.

La nueva industria de promoción inmobiliaria no es ajena a esa realidad. Responde, además, a un interés creciente por parte del comprador, que se decanta por viviendas sostenibles y esperan de ellas un ahorro de energía. Se encuentran, sin embargo, con viviendas dentro del stock de casas por vender que adolecen de esa obsolescencia.

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Según todos los análisis, la relación entre los costes iniciales y los beneficios posteriores de la adquisición de un inmueble eficiente resulta muy positiva para el comprador. El leve aumento que pueda suponer a priori la compra de una vivienda eficiente queda compensando con creces con el ahorro que se alcanzará en energía, así como por el confort y el aumento de la calidad de vida que le supondrá.

Pero, a día de hoy, para que el sector arranque, parece imprescindible un empujón en forma de medidas oficiales que bonifiquen de alguna forma esa construcción de edificios sostenibles y eficientes. Antecedentes existen en la industria, como los incentivos fiscales aplicados al sector del automóvil, en el denominado plan Movea, que estuvo dirigido a la renovación del parque automovilístico con la adquisición de vehículos impulsados por energías de carácter alternativo, ya fueran a través de electricidad, gas licuado o gas natural comprimido y licuado.

Precisamente, esa es la reivindicación de las firmas promotoras e inmobiliarias, algún tipo de incentivos o bonificaciones de orden fiscal o similar que hagan posible que la modernización de todos los procesos constructivos sea la seña de identidad del sector.

Como indicio de la posibilidad de medidas en esa dirección, el Gobierno actual ha anunciado el comienzo de los trabajos para confeccionar un plan estatal de fomento del alquiler de la vivienda, la rehabilitación de la edificación y renovación urbana, dentro del cual se incluirían subvenciones encaminadas a la mejora de la calidad de la edificación y su eficiencia energética, para el que ya se ha avanzado un presupuesto de 321 millones de euros.

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